El Congreso de la República promulgó el pasado 10 de enero una autógrafa que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una medida que ha generado controversia y preocupación entre diversos sectores.

Esta modificación, según críticos y activistas, facilita y legaliza la tala de bosques en la Amazonía peruana, lo que podría tener graves consecuencias para el clima, el país y la situación de la selva amazónica.

Valery Castillo, estudiante de biología y activista climática, se ha manifestado en oposición a esta ley, expresando las preocupaciones del movimiento nacional del cual es vocera, conocido como ‘No a la Ley Anti forestal’. Este movimiento contará con una marcha nacional, la cual se llevará a cabo mañana en varias ciudades del país. En Lima, las concentraciones principales se realizarán frente al Congreso de la República y en la Plaza de Armas, a partir de las 4:00 p.m.

Argumenta que la ley facilita la apropiación de tierras, al suspender la obligatoriedad de zonifi- cación forestal. Esto implicaría una especie de «borrón y cuenta nueva» para aquellos que han cometido deforestación, ya sean pequeños productores cafetaleros o grandes empresas denunciadas por dicha práctica.

Uno de los puntos más controvertidos de la ley es el aumento de poder otorgado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y a los Gobiernos Regionales, lo que ha generado preocupación sobre posibles conflictos de intereses y una postura excesivamente productivista en detrimento de la conservación de la Amazonía.

Castillo también señaló que la ley no aborda adecuadamente las necesidades de los pequeños productores, ya que la legalización de la deforestación no garantiza la aceptación de productos en mercados internacionales, como establece el marco de la Unión Europea.

“Nosotros entendemos que existe esta necesi- dad social, pero esta ley no soluciona el problema de los cafetaleros. Se les dice que esta ley los va a poder legalizar, pero, por ejemplo, el marco de la Unión Europea dice que «no se aceptarán productos provenientes de la deforestación». Entonces, esto quiere decir que el hecho de que se haya legalizado la deforestación actualmente no quita que haya deforestación. No es suficiente que las personas tengan su permiso legal para eximirse de toda culpa y poder entrar a los mercados internaciona- les”, mencionó la estudiante de biología.

La activista hizo referencia a un informe del 2022 de la Contraloría que investiga al Midagri, señalando acciones que podrían favorecer a grandes empresas involucradas en delitos ambientales. Esta preocupación radica en el hecho de que la ley podría eximir de responsabilidad a empresas que han cometido deforestación y ecocidios, lo que contradice los esfuerzos globales por la conservación del medio ambiente.

Al respecto, Castillo manifestó su desaprobación tanto por la legitimación de la deforestación como por el riesgo de fomentar más deforestación en el futuro. Subrayó la importancia de buscar soluciones reales a los problemas de los pequeños agricultores a través del diálogo y la cooperación, en lugar de legislar medidas que podrían tener graves repercusiones ambientales.