De acuerdo al boletín legal LexLatin, el decreto en cuestión pondría en riesgo cerca de 70,000 puestos laborales, mientras que el estudio legal Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría evalúa que tendría un impacto netamente negativo sobre la competitividad en el clima empresarial peruano

A lo largo de su mandato, Pedro Castillo ha adoptado una posición discursiva hostil hacia el sector privado, buscando antagonizar con diferentes agentes empresariales, ya sea caracterizandolos como actores opresores (en la narrativa perulibrista/izquierda que pregona la tensión entre diferentes niveles socioeconómicos) o como cómplices de un supuesto complot golpista dedicado a removerlo del despacho presidencial. Sin embargo, en la amplia mayoría de ocasiones, estas posiciones anti empresariales se han manifestado de forma exclusiva a través de discursos y otras herramientas retóricas, rara vez logrando implementar políticas públicas.

Sin embargo, una de las excepciones, es el caso de las restricciones aplicadas por el gobierno en torno a la restricción de la tercerización laboral para “actividades nucleares” (aunque no está claro la definición de cuáles son esas actividades para cada sector). Desde el discurso del gobierno, esta iniciativa fue recientemente priorizada por el Presidente Castillo, siendo incluída en el mensaje de 28 de julio, dándole un carácter reivindicativo para los trabajadores en situación de “precarización”.

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Source: RPP