Según informe de «Cuarto Poder», el helipuerto no habría sido declarado ante el MTC y testigos señalan que habría sido construido con maquinaria de la Municipalidad de Tacabamba

El programa Cuarto Poder reveló ayer que el Presidente de la Repúbli­ca, Pedro Castillo, habría dispuesto la construcción de un helipuerto informal, para su uso exclusivo, en la casa de sus padres en Tacabamba, distrito de Chota, y que éste se en­cuentra funcionando des­de el pasado abril sin ha­ber sido declarado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La informalidad de esta construcción permitiría que el jefe de Estado lle­gue al lugar o salga sin que haya registro alguno, con lo cual se vulnera, entre otras normativas, la transparencia en los actos del Presidente.

Contradicciones

Según el reportaje, Ro­dolfo Idrogo, secretario de prensa del Palacio de Gobierno, indicó que la obra es “un terraplén rea­lizado a solicitud de los familiares del Presidente y vecinos con fines múl­tiples para la comunidad”. Asimismo, detalló que no habría inversión estatal en la edificación.

Sin embargo, el alcal­de de Tacabamba, Wal­ter Agip, señaló que este helipuerto no es parte de las obras de su gestión y que desconoce quién rea­lizó la edificación. Ade­más, precisó que habría sido realizada “en una propiedad privada» y, por eso, «se puede construir lo que al dueño le plaz­ca”. También estimó que la obra no habría sido muy cara.

«Yo creo que, a lo mu­cho, para explanarte un espacio se utiliza una máquina un día. No te va a costar mucho. Supongo que, más o menos, 8 ho­ras. Estamos hablando de S/2’000» sostuvo al refe­rido medio.

No obstante, vecinos de la zona indicaron que la maquinaria utilizada para la edificación del helipuerto, un cargador y un rodillo, pertenecía a la Municipalidad de Taca­bamba y se habría cons­truido en una semana.

Nuevas

investigaciones

El exministro de De­fensa, Pedro Cateriano, consultado para el cita­do reportaje, señaló que, de corroborarse que la obra se realizó a pedido del Presidente para fines privados, podría ser in­vestigado por el delito de peculado al existir una posible «malversación de fondos».

En ese sentido, consi­deró que la Procuraduría General de la República debería iniciar una in­vestigación de estos he­chos.

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Source: RPP