La Procuraduría Publica Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer a Rocío Leandro Melgar, sindicada por la Policía como la ‘Camarada Cusi’, y otras siete personas de ser hallados culpables del presunto delito de afiliación o pertenencia a una organización terrorista.

Esto debido a que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada la solicitud que hizo la defensa legal del Estado peruano para constituirse como «actor civil» o «parte agraviada» dentro de este proceso penal.

El tribunal superior adoptó esta medida al acoger el recurso de apelación que presento dicha Procuraduría para que se revocara la resolución que emitió el juez Leodan Cristobal Ayala el último 25 de enero, en la que había declarado improcedente la solicitud al sostener que existía una «seria incongruencia» respecto a la pretensión económica de la propuesta de reparación civil.

Mediante una resolución emitida el último 24 de abril, la sala superior determinó que del análisis efectuado permite concluir que dicho magistrado incurre en un error al emitir un pronunciamiento de fondo y exigir justificaciones de probanza que no corresponden efectuar frente a un acto postulatorio «por lo que corresponde revocar la resolución apelada y reformandola constituir a la Procuraduría apelante como actor civil en esta causa».