La medida que fue anunciada por la Comisión de Juristas del Cusco, se llevará a cabo en caso las entidades responsables del costo de la destrucción aleguen ‘falta de presupuesto’, causando la extensión del proceso judicial

A menos de una semana de que se cumpla el plazo máximo dado por el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco para que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco presente el informe técnico de demolición del hotel Sheraton.

El próximo 18 de abril es la fecha máxima para que la sede judicial reciba el documento realizado por la DDC Cusco, donde se conocerán los por menores de cómo se realizará la destrucción del hotel ubicado entre las calles Saphi y Don Bosco, que fue construido sobre ruinas incas y prehincas consideradas como patrimonio cultural.

Según la resolución judicial Nro 143, también se establece que la entidad cultural, en colaboración con la Municipalidad Provincial del Cusco, son los responsables de asumir los costos asociados a la demolición que ascienden a un aproximado de un millón de soles.

Alistan colecta nacional e internacional

El proceso para que el hotel Sheraton, cuya construcción está valorizada en aproximadamente 40 millones de dólares, sea destruído es lento. Lleva aproximadamente 10 años entre silencios y demoras, algo que solo ha beneficiado a la empresa constructora R&G S.A.C la cual se salvó del pago de una multa de 7,5 millones de soles por afectar el patrimonio cultural. ¿La razón? el Ministerio de Cultura (Mincul), entonces liderado por Rogers Valencia, anuló la deuda señalando que el plazo había caducado.

La letrada señaló que han buscado reunirse con el actual alcalde provincial del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo; con el titular de la DDC en Cusco, Guido Bayro, y con la actual ministra de Cultura Leslie Urteaga, para unir esfuerzos y lograr un resultado favorable el próximo 18 de abril y así, se proceda sin demoras a la destrucción del Sheraton y posterior restitución de los bienes arqueológicos que fueron retirados; pero no hubo la respuesta esperada.

De parte del municipio provincial hubo una negativa a reunirse, mientras que de parte de la DDC Cusco si hubo hasta dos reuniones, pero en el último encuentro que se dio con el nuevo titular Guido Bayro este habría dado a entender que no hay presupuesto.

‘En otras palabras, entendemos que ellos no quieren cumplir el mandato judicial (…) Ellos van a continuar con una posición de resistirse al mandato judicial bajo cualquier fundamento. Lo están demostrando’, mencionó Tika Luizar quien adelantó que la Comisión de Juristas en conjunto con la población cusqueña tomarán acciones preventivas para que no se frustre una vez más el proceso.

A detalle, Luizar señaló que si las partes involucradas alegan una falta de presupuesto procederán a iniciar una colecta nacional e internacional para cubrir los gastos de demolición.

‘Si se resisten a cumplir este mandato, porque hay intereses económicos muy fuertes de por medio, entonces, nosotros, como ciudadanía, a partir de la Comisión de Juristas, habilitaremos la apertura de una cuenta bancaria y todos los sistemas tecnológicos de recaudación para la suma de dinero de un millón de soles, recaudando a nivel del mundo entero’, sostuvo Luizar.

Añadió que hay un respaldo de la población para dar solución definitiva a este caso. ‘Tenemos inscritos y continúan inscribiéndose ciudadanos en brigadas de trabajo. También otros con maquinaria, otros inscritos para hacer faenas’, indicó.

Por último, hizo un llamado al gobierno central para que se exhorte a las instituciones del Estado a que cumplan con los mandatos judiciales y en caso sea necesario, habilite un pliego presupuestal para atender este clamor. ‘Este caso no es un caso en debate, ya es un mandato judicial que está en ejecución desde el año 2019 y no se ejecuta’, mencionó.

DDC responde

Guido Bayro, titular de la DDC Cusco, señaló que la Procuraduría del Ministerio de Cultura es la encargada de definir estetema, y que desde esta instancia se ‘ha pedido aclaraciones porque hay diferencias con lo expresado por el Juzgado Instructor con la sentencia en el Tribunal Constitucional (TC)’.

Respecto a si hay posibilidad de que la DDC alegue una falta de presupuesto para ejecutar la demolición, Bayro señaló que ‘ninguna institución cuenta con presupuesto’ actualmente. ‘Si esto, que es extraordinario, se tiene que hacer, hay que formularlo y solicitarlo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)’, aseguró.

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Source: RPP