La Comisión de Ética Parlamentaria debatirá y votará hoy, desde las 5 de la tarde— dos informes finales contra los legisladores Katy Ugarte y Edgar Tello, ambos acusados de recortarle el sueldo a sus trabajadores del Congreso de la República. Este poder del Estado ha mostrado una mano blanda con los denominados ‘mocha- sueldos’; hasta la fecha, solo se aprobó la inhabilitación de la fujimorista María Cordero Jon Tay, quien, tras perder su cu- rul, fue reemplazada por Magally Santisteban.

En la agenda de este lunes, se tiene previsto ver el informe final del expediente 119-2022-2023/ CEP-CR seguido contra la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani. También contra Edgar Tello Montes el informe final en el expediente N.o 130- 2022-2023/CEP-CR. En ambos casos se requiere una mayoría simple de los votos en Ética para ser aprobados.

Piden 60 días de suspensión para Katy Ugarte y blindan a Edgar Tello

La comisión presidida por Diego Bazán Calderón evaluará el informe final elaborado contra Katy Ugarte. El documento recomendaría que se le suspenda por 60 días de sus labores como parlamentaria sin goce de haber. Esta no es la sanción más alta que puede imponerse en Ética, ya que esta es de 120 días.

De acuerdo a la denuncia, los trabajadores del despacho de la parlamentaria destinaban una par- te de sus salarios para armar bolsas de dinero que llegaban a los S/2.000. Esto se hacía realidad, mediante depósitos y en efectivo, de manera obligatoria. Toda la operación se hacía para distribuirlos a los medios de comunicación de Cusco, los que iban a favorecer la imagen de la congresista. Roger Torres Pando, uno de sus asesores principales, habría sido la persona que se habría encargado de organizar este sistema ilícito de recaudación.

Casos siguen a paso firme en la Fiscalía

Cabe resaltar que, si bien en el Congreso no se están imponiendo sanciones ejemplares para los casos de recorte de sueldos, estos siguen su curso a nivel de la Fiscalía de la Nación, donde se les abrió una investigación por el presunto delito de concusión.

De acuerdo al Código Procesal Penal, se configura el delito de concusión “cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial”.