Fiscalía desistió del recurso de apelación que impedía que deudos de las víctimas interrogaran a la presidenta y su primer ministro, a quienes se les imputa el delito de homicidio calificado

La Fiscalía de la Nación de- sistió del recurso de apelación contra la resolución del juez su- premo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investiga- ción Preparatoria, que declaró fundada en parte la tutela de derechos que formuló la Procu- raduría General del Estado para participar en los interrogatorios a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola por las muertes en protestas.

El desistimiento fue presenta- do el último lunes por el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Es- pecializada en Delitos cometi- dos por Funcionarios Públicos, y sustentado este martes por la fiscal adjunta Silvia Sack Ramos en la audiencia pública.
En la audiencia, Sack indicó que, en un inicio, se interpretó que las únicas partes autoriza- das a intervenir en las decla- raciones indagatorias en sede fiscal era el representante del Ministerio Público; sin embargo, señala, tuvo que haber preva- lecido los derechos de la parte agraviada “cuando no existe una prohibición expresa durante su participación en las diligen- cias en la etapa preparatoria”.

“El proceso penal garantiza el ejercicio de hechos de informa- ción y de participación procesal a la persona agraviada o perju- dicada por el delito. La autori- dad debe estar obligada a velar por su protección y a brindarle un trato conforme a su condi- ción”, explicó la representante del Ministerio Público.

Ante ello, el juez supremo Cé- sar San Martín, presidente de la Sala Suprema Penal Permanen- te, adelantó que la ejecutoria suprema que emitirá el colegia- do que lidera se refirirá únicamente a cuestiones de forma, es decir, aceptarán el recurso de desestimiento y la resolución de primera instancia quedará firme al no existir una impugnación.

“No vamos a ir al fondo del asunto en atención al desisti- miento y lo que acá se decida no va a significar bajo ningún concepto alguna afiliación a una u otra posición”, remarcó San Martín Castro.

Los representantes de la Pro- curaduría General del Estado se mostraron conforme con el de- sistimiento de la Fiscalía.

Boluarte guardó silencio

En la diligencia del 6 de junio, la presidenta Dina Boluarte se acogió a su derecho al silencio cuando era turno de que la Pro- curaduría y los abogados de los deudos de las víctimas en las protestas. La mandataria única- mente respondió las consultas del fiscal Marco Huamán.

De esta manera, Boluarte contradijo al premier Alberto Otárola, quien en reiteradas ocasiones aseguró que la man- dataria respondería todas las interrogantes “Va a responder todas y cada una de las preguntas que se le formulen porque es interés del gobierno y, especialmente, de la presidenta Boluarte que los hechos se esclarezcan”, dijo Otárola.

Según se pudo conocer, Bo- luarte se acogió al derecho al silencio debido a que, en esas fechas, la Sala Penal Permanen- te aún no resolvía la apelación de la Fiscalía contra la resolu- ción del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria en la que autoriza la participación de la Procuraduría y los abogados de las víctimas en la investiga- ción y los interrogatorios.

Ahora, la presidenta no tiene alguna justificación formal para ignorar las preguntas de la Pro- curaduría y de las defensas de los deudos. Sin embargo, aún puede optar por guardar silen- cio al tratarse de un derecho constitucional.

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Source: RPP