Lo señalan después de escuchar testimonios en Lima, Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco sobre la muerte de 62 personas en el marco de las protestas y la crisis política

En conferencia de prensa, donde presentaron un resumen del informe preliminar respecto a la visita que hicieron a An­dahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco, los juristas de la Misión internacional de observación y defensa de los derechos hu­manos en Perú concluyeron que en el país se produjeron graves vulneraciones de derechos hu­manos. Asimismo, se ejecutaron detenciones arbitrarias, tratos crueles y prácticas repudiables que deben ser investigadas y sancionadas.

La Misión, integrada por los abogados Camilo Pérez Bustíos (Estados Unidos), Verónica Pe­ralta Piña (México), Vivian La­grava Flores (Bolivia), José An­tonio Foronda (Perú), Julio da Silveira Moreira (Brasil), Edwin Gil Cárdenas (Colombia) y Sa­rita Gómez Castellanos (Colom­bia), refirió que son muchos los casos de víctimas cuyas carpe­tas no tienen el debido segui­miento.

Respecto a la recientemente instalada Fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca, mencio­naron que el nuevo fiscal escu­chó los planteamientos que le presentaron, pero que en ese despacho se pronunciaron en la misma línea de darle tratamien­to de delito común a crímenes de lesa humanidad, tal como lo maneja la fiscalía en Lima.

“Lo que vemos es un patrón sistemático, generalizado, de vulneración grave de los de­rechos humanos y también de los derechos colectivos de los pueblos. Lo importante aquí es la falta de respuesta adecuada de parte del Estado peruano en su conjunto, incluyendo a las fuerzas policiales, militares, que también refleja un patrón de im­punidad inaceptable dentro del marco del derecho internacio­nal”, sostuvo Camilo Pérez Bus­tíos, coordinador de la Misión.

Anotó que esta vulneración de derechos humanos implica res­ponsabilidades, no solo de fun­cionarios y autoridades que eje­cutaron órdenes ilegales en el terreno, sino del Estado peruano como tal. Y en ese sentido, con­sideró que se está regresando a las peores épocas de la historia peruana en los años 80 y 90.

“De todo lo que hemos es­cuchado aquí en el terreno, de testimonios y de expertos, es el legado persistente de las políti­cas de terror estatales que en efecto se mantienen y que están resucitando en este momento de crisis”, precisó quien también es director ejecutivo del Gremio Nacional de Abogados en Esta­dos Unidos.

Pérez Bustíos agregó que es­tán aplicando los principios de Nuremberg, de los juicios a cri­minales nazis en 1945, que son los principios de jurisdicción uni­versal aplicados después a ca­sos como el de Augusto Pinochet en Chile o Efraín Ríos Montt en Guatemala, y de alguna manera en el caso de Alberto Fujimori.

“Nos comprometemos a tareas específicas de seguimiento aqui en el Perú. El proceso de la Mi­sión hoy cierra una primera eta­pa, continuará en el tiempo y en el espacio durante los próximos meses”, afirmó Camilo Pérez.

Por su parte, la ex congresis­ta María Elena Foronda dijo que con ayuda de los abogados in­ternacionalistas esperan llevar los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos ante los fueros internacionales para establecer responsabilida­des y lograr justicia.

“No puede ser que en más de 20 años tengamos 160 perso­nas asesinadas con total impu­nidad. En los últimos tres meses hay 62 personas fallecidas y no hay una sola persona en la cár­cel responsable de esos delitos. Esto no puede continuar”, cues­tionó.

Foronda expresó su preocu­pación sobre la posibilidad de que haya más muertes porque no ve en Dina Boluarte ninguna voluntad política de renunciar al cargo para pacificar la protesta social, a pesar de que el 70% de la ciudadanía lo pide, según las encuestas.

Recomendaciones al gobierno

Entre las recomendaciones que esta misión hizo al gobier­no están el adelanto de las in­vestigaciones para identificar a los agentes que vulneraron el derecho a la protesta pacífica y causaron muertos y heridos. También, establecer la respon­sabilidad de quienes agredieron o asesinaron a miembros de la policía.

Pidieron que se garantice el derecho a la defensa jurídica, la presunción de inocencia y el de­bido proceso de los encausados. Que la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos sean apo­yadas para la defensa y la reali­zación de peritajes con el fin de determinar los hechos y obtener justicia.

Asimismo, que se permita el acceso a materiales probatorios, informes periciales e historias clínicas a los equipos jurídicos para el esclarecimiento de los hechos.Además, se promueva la atención médica de las víctimas, ya que meses después hay per­sonas con balas en el cuerpo.

La entrada Misión internacional de abogados: En Perú hay grave vulneración de derechos humanos se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.


Source: RPP