Es el segundo departamento que registra más casos (un 9 % del total), por debajo de Loreto y seguido de Apurímac

La Defensoría del Pueblo advirtió que, en septiembre, Cusco es la segunda región que registra la mayor cantidad de conflictos sociales (18), lo cual representa un 9 % del total (211) a nivel nacional. De esta cifra, se informó que 14 conflictos se encuentran activos (uno de los cuales es un nuevo conflicto) y 4 se mantienen latentes. Además, se emitió alertas tempranas de dos casos en observación que podrían devenir en conflictos sociales, para que se adopten medidas preven­tivas.

Sobre los 14 conflictos sociales activos, cabe indicar que 12 de ellos son del tipo socioambiental; 1 sobre asuntos de gobierno nacional; y 1 referido a otros asuntos. Asimismo, se constató que, en 13 de los conflictos, existen procesos de diálogo, mas no es así en 1 de ellos. De otro lado, en cuanto a los 4 conflictos latentes, 2 son de tipo comunal, 1 por asuntos de gobierno nacional y 1 por demarcación territorial.

También, en septiembre, se registró un nuevo conflicto social de tipo socioambiental en el distrito de Santiago, provincia de Cusco. Este caso involucra a los pobladores de la comunidad campesina de Haqui­ra, quienes demandan a la Municipalidad Provincial del Cusco el cierre del botadero por posible contaminación, mala ubicación e inadecuada gestión de los residuos sólidos.

Por otro lado, se constató un conflicto resuelto en el distrito de Chin­chero, provincia de Urubamba, en donde las comunidades protestaban por el incumplimiento de compromisos de contratación de mano de obra y servicios locales por parte del Consorcio Chinchero, respon­sable de las obras de remoción de tierras del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Al respecto, se verificó que se han atendido los reclamos relaciona­dos a la temática laboral (cuota de trabajo, toma de servicios, etc.) y que, en octubre, se inició la construcción del terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Chinchero que fue supervisado por los mi­nistros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además de representantes de la Comisión de Trans­portes y Comunicaciones del Congreso de la República.

Además, la Defensoría del Pueblo ha considerado siete casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales en Cusco. El primero de ellos está relacionado al rechazo del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Nacional de Coca S.A. (Enaco) sobre las medidas del Poder Ejecutivo de disminuir el control de la producción y comercialización ilegal de la hoja de coca. En el segundo, la comuni­dad Nueva Ccoccareta señala que las actividades mineras en Espinar ha afectado el río Ccoccareta y que siguen contaminados por metales pesados.

El tercero es respecto al pedido del alcalde distrital de Suyckutam­bo, que solicitó una mesa de diálogo en su localidad y no ha recibido respuesta por parte de la empresa Auplata Mining Group Peru sobre el memorial y propuesta de convenio marco. Finalmente, el cuarto, es referido a la carta dirigida al presidente de la República y al Ministerio de Energía y Minas por parte del el Frente único de los Intereses del distrito de Coporaque y dirigentes comunales, que solicitan la rea­pertura del diálogo con la empresa Las Bambas. Un quinto caso se refiere a los reclamos de la comunidad campesina de Tuntuma contra la empresa Minera Las Bambas, por la contaminación que generarían los vehículos de alto tonelaje de la empresa.

Otro caso en observación que puede devenir en conflicto social se registra en el distrito de Yaurisque, en la provincia de Paruro, donde la comunidad campesina Hurinsayac Hanansayac Ccollana Ayllu Pomate, reclama por presuntas afectaciones en la pista Cusco – Ranraccasa por desmoronamiento. Un séptimo caso involucra a las organizaciones sociales de Pichari, que están en contra de los trabajos de erradicación de hoja de coca.

Adicionalmente, de las 351 acciones colectivas de protesta registra­das por la institución, 22 de ellas se produjeron en el departamento de Cusco. Ante ello, la Defensoría del Pueblo realizó la supervisión corres­pondiente para cautelar los derechos de todas las personas.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica:

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Source: RPP