Jean Paúl Benavente rechazó resolución que sanciona a Pedro Galicia e intentaría alejarlo del cargo de procurador regional de Cusco

El pasado 15 de sep­tiembre de este año, la Unidad de Sanción de la Procuraduría General del Estado, decidió suspender a Pedro Miguel Galicia Pi­mentel del cargo de pro­curador público del Go­bierno Regional del Cusco.

La sanción, que preten­de separar a Galicia de su cargo por 6 meses, está motivada por una denun­cia respecto a inconducta funcional sobre el proceso que sigue el Gobierno Re­gional de Cusco en contra de la empresa Perú Bel­mond Hoteles S.A.

El proceso se remonta al año 2013, en el cual Jorge Acurio Tito firmó la am­pliación de la concesión por 10 años más del hotel Sanctuary Lodge a favor de la empresa Belmond, propiedad de Rafael López Aliaga.

En el 2016, durante la gestión de Edwin Licona en el Gobierno Regional Cusco, inició sin éxito un proceso judicial contra la empresa Belmond para anular la adenda firmada años atrás.

El actual procurador re­gional llegó al cargo en enero del 2019 y seis me­ses después, un juzgado en Wanchaq dio por con­cluido el proceso judicial, precisando que la con­troversia contra Belmond S.A., debía ser resuelta por un laudo arbitral.

Galicia apeló la senten­cia, pero tanto la Corte Superior de Justicia del Cusco y la Corte Supre­ma, mediante casación, ratificaron que el camino era seguir un arbitraje contra la empresa de Ló­pez Aliaga.

Debido a esos cuestio­namientos, Galicia fue acusado públicamente por la congresista Kathy Ugarte y los consejeros regionales, Cristian López y Regina Becerra, por su­puestamente intentar be­neficiar a la empresa Perú Belmond Hoteles S.A.

De acuerdo al gober­nador regional, Jean Paúl Benavente García, el 2019 se optó por no ini­ciar un arbitraje debido a que en ese año no tenían elementos suficientes para probar irregularida­des en la ampliación de la adenda del 2013; y que, de haber comenzado un proceso arbitral el 2019, era altamente probable que el Gobierno Regional pierda dicha demanda.

‘Cuando asumí mi fun­ción el 2019, se decide agotar las acciones del proceso judicial iniciado el 2016. Como institución, no teníamos las pruebas para iniciar un arbitraje, recién el 2020 trabajamos con Contraloría para reu­nir pruebas y prepararnos para un proceso de arbi­traje’, expresó Pedro Ga­licia.

La Contraloría General de la República publicó el informe de auditoría N° 36-2021, en el cual se se­ñala que la adenda firma­da el 29 de noviembre del 2013, no tenía sustento legal por parte del Gobier­no Regional, estaba llena de anomalías y que am­pliaría la concesión hasta mayo del 2025.

‘Existen congresistas, consejeros y funcionarios de la Procuraduría General del Estado que de manera arbitraria están forzando una figura de suspensión. No me quieren en el car­go (de procurador), ni en el caso del Hotel Belmond’, enfatizó Galicia.

Los cuestionamientos y presiones para empezar un proceso arbitral co­menzaron todavía el 2019, cuando los consejeros Cristian López y Regina Becerra solicitaron múlti­ples veces que el Gobier­no Regional inicie dicho arbitraje.

Entre tanto, la Contra­loría recién publicó sus hallazgos sobre la firma del contrato a finales del 2021 con el informe N° 36-2021. De acuerdo al procurador, dicho informe sería decisivo para co­menzar el arbitraje contra Belmond y ganarlo.

Galicia también men­cionó que él ha apelado la sanción de la Procura­duría General del Estado. ‘Y la apelación suspen­de los efectos de dicha sanción y hasta que no se resuelva, yo estoy en pleno ejercicio en el car­go y responsabilidades como procurador’, enfa­tizó.

Finalmente, tanto Pe­dro Galicia como Jean Paúl Benavente, expli­caron que los intentos por alejar al procurador regional de su cargo se deberían a intereses sub­alternos, o al menos una falta de experiencia al plantear una estrategia judicial sobre el caso del hotel Belmond.

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Source: RPP