El proyecto legislativo en mención busca que se respete la elección llevada a cabo por los ciudada­nos en relación con los congresistas de la Repúbli­ca y las autoridades locales y regionales

Mediante propuesta legislativa se buscará la reforma constitucional sobre los impedimentos para el ejercicio del car­go de ministro de Estado con la finalidad de forta­lecer el mandato cons­titucional y cumplan las funciones para la cual fueron elegidos.

El congresista Alejan­dro Soto Reyes ha pre­sentado el Proyecto de Ley 2927, Ley de refor­ma constitucional que impide ejercer el cargo de ministro de Estado a los congresistas, go­bernadores regionales y alcaldes. Esta norma ga­rantiza la separación de poderes y el respeto a la elección realizada por los ciudadanos para evitar el abandono de sus regio­nes y localidades.

El proyecto legislativo en mención busca que se respete la elección lleva­da a cabo por los ciuda­danos en relación con los congresistas de la Repú­blica y las autoridades locales y regionales. Así como también fortalecer el mandato establecido en la Constitución en re­lación con que el poder emana del Pueblo y sus atribuciones, que exige dedicación exclusiva en el ejercicio de sus cargos y finalmente contribuir al equilibrio de poderes y de la mejor gobernanza de la administración pú­blica.

Es preciso remarcar que el cargo de minis­tro de Estado no garan­tiza por lo menos que la función fiscalizadora se mantenga, sino que ade­más perturba también la función de control po­lítico, tal como sería el caso de las mociones de censura o las de inter­pelación, puesto que un congresista que ejerza el cargo de ministro no las promoverá por un tema de consigna política des­estimando los intereses del Estado, que en buena cuenta deberían regir su gestión.

En el caso de los al­caldes y gobernadores regionales se pierde la esencia misma del mandato otorgado en las elecciones. A tal efecto, cada autoridad es elegido por un perio­do determinado bajo un plan de gobierno, pero este se interrumpe o quiebra cuando se de­signa un cargo ministe­rial en el poder ejecuti­vo, lo que perjudica a la población.

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Source: RPP