Duras críticas de diferentes sectores de la opinión pública regional soporta estos últimos días el gobernador Baltazar Lantarón tras la presentación como nueva gerente general del Gobierno Regional de Apurímac a la ingeniera Nancy Margarita Villela Alvarado.

La citada funcionaria junto a otros servidores que laboraron durante la gestión del exgobernador del Callao, Félix Moreno, enfrenta un proceso judicial por colusión agravada en el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria (Expediente N° 00035-2017-17-5201-JR-PE-02) a raíz de las irregularidades detectadas en la ejecución de la obra Costa Verde del Callao.

“… en dicha investigación se encuentran comprendidos funcionarios del Gobierno Regional del Callao, como son los miembros del comité especial (…) Igualmente, los procesados Jorge Linares Muñoz en su condición de Gerente General Regional, Nancy Villela Alvarado en su cargo de Gerente Regional de Infraestructura y otros funcionarios del gobierno regional, se habrían interesado indebidamente -entre otros- en provecho del contratista a fin de otorgarle ampliación de plazos que acarreó mayores gastos así como adicionales presentados por el Consorcio Vía Costa Verde…” precisa el considerando 6 de la resolución N° 08.

Cabe precisar, Villela Alvarado se desempeñó como gerente regional de Infraestructura y en el informe de auditoría N° 576-2016-CG-MPROY-AC realizado por la Contraloría General de la República, fue comprendida en la investigación con responsabilidades penales y civiles por no haber cautelado que se haya ejecutado los trabajos contractuales según el expediente técnico de la obra, así como del expediente técnico del presupuesto adicional, entre otras observaciones más.

LAS REACCIONES.

Las reacciones en el entorno de Baltazar Lantarón no se hicieron esperar. Casi de inmediato voceros del gobernador regional (No son del Movimiento Llankasun Kuska) manifestaron que estas acusaciones eran azuzadas por grupos políticos que perdieron en las últimas elecciones, mientras que en las redes sociales, se desató una silenciosa guerra de comentarios a favor y en contra de esta designación.

Asimismo para minimizar las criticas -Villela Alvarado no se libra del todo porque tiene proceso judicial en curso- hace unos días divulgaron parte de la Resolución N° 012-2018-CG del 3 diciembre del 2018 y firmada por Rocío Silupú Carrión en su condición de jefe del Órgano Instructor de la Contraloría, donde resuelve declarar la inexistencia de infracción “por responsabilidad administrativa funcional” contra la citada funcionaria. En otras palabras, la limpiaban administrativamente de las imputaciones.

Por su parte, el presidente renunciante del Movimiento Llankasun Kuska, Oscar Rojas Palomino -aunque oficialmente hasta ahora se desconoce su sucesor- afirmó por una emisora radial de Andahuaylas que no tuvo ninguna injerencia, ni intervino en la designación de Villela Alvarado.

“No tengo ninguna relación con la designación de funcionarios (¿?) ni siquiera Baltazar Lantarón me contesta el celular”, aseveró el exalcalde en un esfuerzo por marcar distancia con el movimiento que fundó años atrás.

Source: Correo