Mientras el gerente general del Gobierno Regional de Apurímac, Jorge Cabellos, se esforzaba en explicar que la gestión del gobernador Wilber Venegas no dejaría ni una “papa caliente” o como él mismo llamó “bombita de tiempo” a la gestión entrante, sin embargo, desde la tarde del lunes 17 una carta ingresada por mesa de partes a la entidad dejaba en claro que algo ya se “quemaba” sobre la inconclusa construcción del nuevo hospital de Andahuaylas.

La carta notarial N° 111-CA-2018, fechada el 17 de diciembre 2018 y firmada por Raúl Barrios Fernández Concha en su condición de representante legal común del Consorcio Andahuaylas (la contratista que ejecuta el nuevo hospital), anunciaba su decisión de resolver en forma total el contrato firmado con el Gobierno Regional de Apurímac por “incumplimiento de obligaciones esenciales de la entidad”.

Para el consorcio, la gestión de Venegas Torres no entregó los expedientes técnicos de los componentes de comunicaciones, instalaciones eléctricas y compatibilización de equipos, situación, según la misma misiva, que les impide ejecutar la obra contratada y cumplir con el contrato de obra suscrito.

Por su parte, Jorge Cabellos -prefirió no comentar sobre la existencia de esta carta- sostuvo que los expedientes del sistema de comunicaciones e instalaciones eléctricas ya estaban listos (no dijo nada sobre compatibilización de equipos) pero por no contar con un especialista para evaluarlos, no podía remitirlos a la Contraloría para el visto bueno final ya que representa una inversión de S/16 millones aproximadamente.

Asimismo aseguró que el proceso de transferencia se realizaba sin mayores contratiempos y la obra pasaba el próximo año con todo su presupuesto, porque según él, se había firmado una ampliación de plazo (el contrato venció el 15 de diciembre) por dos meses más.

“Hemos hecho una ampliación de plazo tanto al Consorcio Andahuaylas como al Consorcio Supervisor por dos meses más -hasta el 16 de febrero 2019- que calculamos para esa fecha ya deben estar aprobados los expedientes de comunicaciones y eléctricas, y eso llevará que la nueva gestión solicité una nueva ampliación de plazo hasta julio 2019 para culminar con todo lo pendiente”, aseveró.

Cabe recordar que esta obra se inició en febrero del 2013 y por diversas razones paralizó en diciembre del 2014. Después de numerosas reuniones firmas de adendas y otros compromisos los trabajos se reiniciaron a fines del 2017, reduciéndose metas y sin presentar mucho avance.

CUENTA REGRESIVA.

Además del arbitraje que se le viene al Gobierno Regional de Apurímac por la rescisión del contrato -ojalá las cartas fianzas presentadas por el Consorcio estén vigentes- la situación de los equipos biomédicos y electromecánicos que ahora se encuentran en un depósito de Andahuaylas que no reúne las condiciones mínimas de seguridad y protección, se sumará otro arbitraje por el almacenamiento de los equipos durante cuatro años en la ciudad de Lima.

La deuda generada deberá ser cubierta por una de las partes, aunque la mayor responsabilidad recae en el consorcio por haber comprado los equipos antes de haberse culminado la construcción.

Las cartas están echadas, tanto para el Consorcio Andahuaylas como para la gestión de Venegas Torres que buscarán por todos los medios posibles responsabilizar al otro ante tanta demora, aunque el gerente general insista que la transferencia se realizará en forma ordenada y sin “bombitas de tiempo”. Pero se equivocó, acaba de estallarle una en la cara a pocas horas de instalarse la comisión de transferencia.

A poco de iniciar su mandato, al nuevo gobernador Baltazar Lantarón no le queda otra salida que manejar este asunto con una gran luna de aumento para no cometer los mismos errores de su antecesor.

Ojalá que las próximas negociaciones con el Consorcio Andahuaylas lleguen a buen término, de lo contrario, será un largo camino de marchas y contramarchas, mientras millones de soles en equipos biomédicos seguirán deteriorándose por incapacidad e inexperiencia de los funcionarios de turno y viveza de la contratista.


Source: Correo