Una de las grandes carencias en la infraestructura urbana y rural del país, es la de viviendas calculadas en dos millones de unidades habitacionales. Si te­nemos en cuenta que cada año se conforman 90 mil nuevas familias, y que cada mes se venden apro­ximadamente 1,000 casas con el financiamiento de los créditos que otorga el Fondo MiVivienda, tendre­mos una idea de la magnitud del déficit habitacio­nal en los sectores menos favorecidos pero también los medios, que es necesario cubrir con una política agresiva en el sector que no puede estar desligada de una política general de promoción económica e inclusión social.

Es menester aumentar de manera importante pero consistente la oferta de viviendas. Para hacerlo, dada la magnitud, alcances y raíces del problema, requerimos una reforma urbana de proporciones que enfrente el tema con emprendimiento y en el marco de una efectiva promoción de inversiones en el sector privado y de la participación eficiente del Estado, sin asistencialismos contraproducentes. Los fondos estatales manejados con criterio de mercado y focalizados adecuadamente según necesidades y posibilidades, han demostrado su eficacia en el in­cremento de la oferta habitacional. Corresponderá al próximo gobierno intensificar los esfuerzos para que estos fondos y otros por crearse cumplan su fi­nalidad y sean medidos por sus resultados, es decir, cuántas viviendas hacen posible construir en seg­mentos poblacionales necesitados.

El auge de la construcción en el país impulsa una serie de industrias conexas, además de ir amen­guando el agudo problema habitacional. Ello ha permitido que los precios se incrementen aproxi­madamente en 25% en las diferentes zonas, dato consecuente con el crecimiento en 135 por ciento de los desembolsos de los créditos.

La utilización de los espacios urbanos desperdicia­dos, el planteamiento de unidades concebidas con el criterio urbanístico del crecimiento hacia arriba, la destugurización seguida de planes habitaciona­les masivos, son, entre otros, componentes de esa añorada gran reforma urbana que tenemos pen­diente y que debemos llevar a cabo en el contexto del sostenido crecimiento económico.

El sueño de la casa propia sigue siendo eso: un sue­ño para miles de familias peruanas. Hacerlo realidad de manera pragmática es un deber del Estado en cooperación y alianza con el sector privado y par­tiendo de una participación clave: la de los propios beneficiarios. La autoconstrucción en el Perú ha al­canzado cifras espectaculares. Los recursos que los peruanos han invertido en construir o mejorar sus viviendas por su propia cuenta y riesgo y al margen de todo empeño promotor del Estado, supera larga­mente lo que éste último ha dedicado a ello. Todo un ejemplo de emprendimiento y tenacidad que debe merecer el apoyo público pero en un contexto promotor, no regulador ni mucho menos interventor.

A nivel de la región Cusco, el déficit de viviendas, de igual manera, continúa en forma ascendente y es necesario definir nuevos espacios para un creci­miento ordenado de la ciudad. No dejemos que las invasiones y el tráfico de terrenos sigan imperando como una situación común y corriente. Esa tarea corresponde a las autoridades pertinentes. El Esta­do y sector privado necesitan avanzar parejos en la solución del déficit habitacional del país en el marco de la pujante economía social de mercado que nos sirve como escenario para el crecimiento sostenido que venimos experimentando y que de ninguna ma­nera debe detenerse porque en ello va el presente y futuro del país. Así sea.

Source: El Sol