Por: Rocío Silva Santistéban
Se requiere voluntad política real para otorgar un presupuesto decente al Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género.
¿Qué nos pasa? ¿qué espada pérfida y violenta atraviesa nuestra sociedad que, una y otra vez, tenemos noticias de padres que embarazan a sus hijas de apenas 8 o 9 o 10 años? Se puede argüir que la pobreza, la ignorancia, la precariedad de las viviendas, las condiciones de hacinamiento, pero ¿por qué sucede lo mismo con un periodista deportivo, de clase media en la ciudad de Cajamarca, que violó sistemáticamente a su hija durante cuatro años?, ¿cuál es la función que cumple la impunidad en la propagación de estos actos verdaderamente pavorosos? ¿y el rol de la indiferencia de las autoridades?
El tabú del incesto es el origen de la familia patrilineal. Desde esta perspectiva, es la regla que permite la vida familiar: evitar las relaciones sexuales entre sus miembros. La prohibición del incesto es universal porque atraviesa a todas las culturas. Esa condición universal indica que, en su preservación, hay algo que va más allá del sesgo cultural: si no está determinada solo por la cultura es porque, de alguna manera, debe existir en el patrimonio genético de toda la humanidad.
Por otro lado, el incesto como acto, es percibido por las sociedades como un crimen repudiable. Como ha señalado Claude Levi Strauss, “el incesto, en su forma propia y en la forma metafórica del abuso del menor (“del que”, dice la expresión popular, “podría ser el padre”) [son] los dos estimulantes más poderosos del horror y de la venganza colectivas” (Las estructuras elementales del parentesco, p.44).
En nuestro país, donde se normaliza la violencia hacia las mujeres y la corrupción de las grandes empresas, dos crímenes que destruyen a los vulnerables, somos altamente tolerantes a las relaciones incestuosas directas y metafóricas casi de la misma manera, imprudente y ajena, cómo toleramos la corrupción.
Según las cifras del RENIEC difundidas por utero.pe tenemos que 1,702 niños/as de madres entre 11 y 14 años fueron inscritos en el 2016; 14,787 niños/as de madres menores de 17 años fueron también inscritos en el 2016; además fueron inscritos 140 niños/as de madres con 13 y 14 años que tienen como padres a hombres entre 30 y 59 años y 8 niños/as de madres con 13 y 14 años tienen como padres hombres de ¡¡¡60 o más años!!!
Estas cifras me duelen. Me producen arcadas. Agotan mi entendimiento. Lo mismo sucede con muchos peruanos y peruanas que reaccionan ante estas situaciones con angustia y con impotencia. Por eso, la propuesta de la pena de muerte para los violadores se presenta como alternativa populista de aquel que se sube a la ola para surfearla y ganar puntos. ¿Realmente es disuasiva?, ¿no hay otra forma en que el Estado proteja a los niños y niñas?, ¿la venganza es justicia?
Junto con esa propuesta miremos otras más modestas que han resultado en otros países como la vigilancia ciudadana sobre situaciones sospechosas de vulneración de niños. En el caso peruano, además el Estado debe hace una difusión masiva de la Ley Brunito para exigir a la PNP que actúe dentro de las primeras horas de desaparición de un niño o niña.
Por último, se requiere voluntad política real para otorgar un presupuesto decente al Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. Ni los niños ni las niñas votan y eso los políticos lo saben.
Source: El Sol
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