Desde todas las esferas sociales, así como organizaciones y la misma población han planteado y exigido para que el Congreso de la República ratifique, promulgue y publique a más tardar hoy martes la Ley que prohíbe la candidatura de personas condenadas por terrorismo, corrupción, narcotráfico y violación sexual para los próximos comicios electorales a gobernadores y alcaldes a celebrarse en octubre próximo.
Los miembros del Congreso de la República que han sido nombrados por voto popular tienen la gran responsabilidad histórica de hacer que la clase política restituya la credibilidad en sus autoridades. Para lograr ese cometido urge aprobar la mencionada norma, caso contrario seguiremos teniendo autoridades de dudosa procedencia.
La Asociación Civil Transparencia expresó en un comunicado su profunda preocupación ante el riesgo de que la norma que prohíbe la candidatura de personas condenadas por terrorismo, corrupción, narcotráfico y violación sexual no sea de aplicación en las elecciones regionales y municipales del presente año.
Y tal como se pregunta la periodista Rosa María Palacios: ¿Por qué nos representan estás autoridades? La respuesta es bien simple: porque nosotros las escogimos. “No parece haber ahí más que decir. Si no nos gustan, mala suerte. Si fueron elegidas en elecciones libres, no queda más que esperar que concluya su mandato, salvo que, violen la ley.
Si tenemos y hemos tenido pésimos representantes, en todos los niveles de gobierno, no es sólo culpa de un pueblo mal educado. Las reglas, hechas por ellos mismos para preservar al máximo su poder, también tienen la culpa. El voto popular puede ser educado pero más importante es mirar las reglas que permitieron llegar al poder a decenas de autoridades que hoy están purgando condena, se encuentran en prisión preventiva o están afrontando procesos con resultados predecibles.
Desde hace muchos años se discute la necesidad de cambiar las reglas electorales. Lamentablemente hemos sido víctimas del gatopardismo pero nunca de verdaderas reformas. ¿El resultado? El crimen organizado financiando campañas, partidos políticos de papel, pésima calidad de elegidos, sólo por mencionar algunos de las causas por las que el desafecto por la democracia y en general, por la política, es tan extendido en el Perú”.
En este contexto, recordemos que la norma, una de las más importantes de la reforma electoral, fue aprobada por el Pleno del Congreso a inicios de noviembre del año pasado y exonerada de segunda votación. Sin embargo, el 28 de noviembre el Ejecutivo la observó, cuestionando el siguiente extracto de la autógrafa: “Dicho impedimento no resulta aplicable a quienes hubiesen recibido indulto razonable o especial”. De acuerdo con el Ejecutivo, la categoría “indulto razonable o especial” no están previstas en la normativa vigente. Y además sostiene que el Congreso no puede regular o legislar sobre los indultos, ya que es una atribución presidencial y debe respetarse la separación de poderes.
El Congreso se allanó a esta observación y eliminó la frase, proponiendo un nuevo dictamen que fue aprobado el 5 de diciembre del 2017. El 13 de diciembre de 2017 la Junta de Portavoces amplió la agenda del Pleno para incluir el dictamen y así someterlo a discusión, pero el trámite para declarar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski impidió que el Congreso se abocara a otros temas.
Finalmente, el Parlamento ha convocado a una sesión para hoy martes 9 de enero en el que se abordaría este asunto. En este sentido, al igual que diferentes entidades y organizaciones de base, demandados al Congreso para cerrar las puertas para que terroristas, narcotraficantes, corruptos y violadores sexuales no postulen en las próximas elecciones. Así sea.
Source: El Sol
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